Política antidroga: ¿Más de lo mismo?

Rose Marie Achá
Desde el mes de enero de 2006, cuando Evo Morales asumió la Presidencia, una de las expectativas hacia el nuevo gobierno estaba relacionada con los cambios en la orientación de la política de drogas. De hecho hubo un viraje en cuanto al tratamiento del tema de la hoja de coca.

Se inició un proceso denominado como nacionalización de la política contra el narcotráfico. La primera Estrategia de Política contra el Narcotráfico y de Revalorización de la Hoja de Coca, para el periodo 2007-2010, tuvo como lineamiento principal la revalorización de la planta, y se creó el Consejo Nacional de Revalorización, Producción, Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca, máximo organismo para la definición y ejecución de las políticas en esa área.

Asimismo, el gobierno llevó a cabo la campaña internacional prometida por la reivindicación de la hoja de coca y en julio de 2011 hizo la notificación a la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre su retiro de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, a partir del 1° de enero de 2012 debido a la penalización de la hoja de coca. Ahora que la ONU levantó el veto al uso cultural y medicinal de la coca, Bolivia ha retornado a la Convención.

La política de drogas, sin embargo, no se reduce a esas acciones de reivindicación, sino que su enfoque y ejecución merecen una mayor reflexión. Hasta el presente, se mantiene el mismo enfoque represivo, punitivo y policial de las décadas pasadas.

Los resultados de la política de drogas boliviana siguen siendo medidos por el gobierno a partir de los criterios cuantitativos de siempre, referidos a la cantidad de incautaciones de drogas y al número de detenidos. Persiste la misma visión conservadora y estigmatizadora sobre el consumo de drogas y el tratamiento de los consumidores.

Y siguen cometiéndose violaciones a los derechos humanos en las diferentes áreas de la ejecución de la política, mientras la corrupción continúa afectando a los órganos del sistema penal y al sistema administrativo, vinculados al control de la coca y las sustancias controladas. Sin embargo, el narcotráfico, la demanda de drogas y el acceso a ellas no se

han reducido.

Continúa también en vigencia la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008), la misma que el actual presidente boliviano, en la época que era dirigente de los productores de coca, señaló como ley impuesta por los Estados Unidos.Se pueden identificar las siguientes tendencias:

La desvalorización de los productores de coca de las zonas

tradicionales de cultivo.

· El fortalecimiento de la visión represiva que impacta negativamente sobre diversos sectores de la población, como los adolescentes y jóvenes, o las mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad.

· La vulneración de la presunción de inocencia a través de los índices altos de detención preventiva, que mantienen privadas de libertad a personas que no han sido halladas culpables de delito.

· La criminalización de los consumidores de drogas.

· El aumento de las penas.

Una de las críticas a la Ley 1008 se refería a las penas altas que establece. 

Sin embargo, el proyecto de ley especial de sustancias controladas y delitos conexos, que se encuentra actualmente en la Asamblea Legislativa, muestra el mismo enfoque, como se puede observar en el siguiente cuadro

comparativo:

El proyecto de ley propone no sólo penas máximas más altas sino penas mínimas más altas que las establecidas en la actual Ley 1008.

Además, hay aspectos del proyecto de ley que merecen mayor análisis. Por ejemplo, el que se refiere a la prevención del consumo de drogas, y al tratamiento y rehabilitación de drogodependientes, temas sociales y de salud que no deberían ser regulados por una ley penal. Es necesario tener en cuenta también que la problemática de las drogas en Bolivia no se reduce al tema de la coca, ya que hay droga en tránsito y también hay tráfico de otras drogas que no dependen de la hoja de coca.

Los efectos negativos y los altos costos sociales, económicos y humanos que ha tenido la política de drogas, en los anteriores gobiernos, no se limitaban solamente a la penalización de la hoja de coca.

Esto no parece ser comprendido por el actual gobierno ya que, si bien la revalorización del uso de la hoja de coca ha sido un paso positivo, en los otros ámbitos de la política de drogas el enfoque es el mismo de antes. 

En lugar de repetir los resultados cuantitativos sobre droga incautada y número de detenidos, es imprescindible conocer cuánto se ha avanzado efectivamente en el logro de los objetivos de reducción de la oferta y del consumo de drogas. No se puede aumentar los montos de las penas sin presentar un diagnóstico que permita apreciar la efectividad de las mismas.

Mientras se continúe utilizando el Derecho Penal para resolver los problemas sociales y de salud, no se puede hablar de cambios, sino de mantener más de lo mismo.