El control de drogas en el hemisferio americano se convirtió en tema central al comienzo del segundo mandato del gobierno Trump. El 20 de enero, la Orden Ejecutiva 14157 designó a los carteles como organizaciones terroristas extranjeras. Fue un primer paso del gobierno estadounidense para reactivar la Guerra contra las Drogas en la región, aplicando una versión actualizada de la doctrina Monroe en la política exterior estadounidense hacia América Latina y el Caribe. Es la primera vez que un gobierno designa a los grupos de crimen organizado como "terroristas", un cambio con muchas implicaciones.
Los bombardeos a embarcaciones en El Caribe y el Pacífico, han ejecutado extrajudicialmente a 242 personas, según estimaciones preliminares. Bajo el discurso de proteger a los ciudadanos estadounidenses contra el flujo de drogas, se violaron los límites fundamentales del derecho internacional.
Desde el principio, el TNI y sus socios advirtieron que los ataques no frenarían el flujo de drogas hacia Estados Unidos significativamente y que solo socavarían el apego estadounidense al derecho internacional. Un ejemplo nítido fue el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el Palacio de Gobierno de Miraflores en Caracas en enero de 2026. Maduro fue vinculado a carteles de droga y trasladado a un tribunal estadounidense tras la invasión y el asesinato de 80 soldados de la guardia presidencial.
En marzo de 2026 se hizo pública la alianza Escudo de las Américas, con muchos presidentes latinoamericanos y caribeños ansiosos por participar en el "compromiso compartido para desestabilizar las redes de carteles que operan a través de fronteras y sus efectos desestabilizadores sobre los gobiernos de nuestro hemisferio". Aunque la violencia se relaciona al narcotráfico, en los postulados del Escudo de las Américas ésta sirve como cortina de humo del verdadero interés: aumentar la influencia económica y política de Estados Unidos en la región. "Los recursos de las Américas deberían pertenecer siempre al pueblo de las Américas", ha dicho Trump. "El pueblo", en este caso es un eufemismo para que EEUU y sus aliados obtengan acceso preferencial a recursos estratégicos como minerales raros y preciosos, petróleo, gas o energía eléctrica.
Ya 19 gobiernos se han alineado, dos como "observadores" (Bahamas y Chile). Todos los países miembros han coordinado medidas que incluyen intervenciones armadas, reformas legislativas para facilitar el comercio y la extracción de recursos naturales, cooperación militar y policial, construcción de infraestructuras penitenciarias privadas y esquemas de extradición por fuera del derecho internacional, más parecidos a secuestros que a los tratados de Naciones Unidas y al Pacto de San José de Costa Rica.
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