Theo Roncken, Acción Andina – Bolivia
El 19 de septiembre de 2006 el presidente Evo Morales presentó ante la comunidad internacional un nuevo enfoque para abordar el tema de drogas, provocando un considerable impacto al levantar una hojita de coca boliviana durante su discurso en el 67 período ordinario de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El anunciado cambio es luego llamado ‘nacionalización de la política de drogas’, y tras la expulsión de la Drug Enforcement Administration (DEA) en noviembre de 2008 el gobierno boliviano se esfuerza por demostrar que en la lucha contra las drogas le va mejor sin que con la DEA.
Hacia ‘afuera’ el discurso resulta importante, pues a lo largo de la última década otras entidades internacionales –sobre todo de la ONU y de la Unión Europea (UE) – han llegado a reemplazar la histórica dependencia de los recursos que antes eran otorgados en el marco de la cooperación ‘antidrogas’ estadounidense. No hay duda de que los nuevos aliados internacionales por regla muestran un trato bastante más respetuoso que sus antecesores de los Estados Unidos, pero cabe preguntarse en qué medida Bolivia realmente ha logrado liberarse del doble condicionamiento que se suele imponer en esta temática sobre la acción estatal por impacto combinado del negocio de las drogas y de las políticas que pretenden combatirlo. Los siguientes párrafos buscan señalar la urgente necesidad de impulsar una seria reflexión en torno a esta pregunta.
Uno de los principales aliados del actual gobierno boliviano en materia de drogas es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, en inglés). En varios momentos polémicos del proceso de alejamiento diplomático entre Bolivia y los Estados Unidos, datos e informes
de UNODC contribuyeron a un mejor posicionamiento de la postura boliviana. Sin embargo, cabe destacar tres recientes planteamientos del organismo internacional al gobierno de Morales que expresan una sostenida preocupación por temas que, según UNODC, no han sido adecuadamente
atendidos.
De una parte, en octubre de 2015 Antonino di Leo, representante de UNODC en Bolivia, instó a “encarar a la brevedad posible una reforma judicial porque el país no ha logrado una sentencia de legitimación de ganancias ilícitas o lavado de dinero” (El Deber, 30-10-2015). De otra parte, en su último informe de monitoreo de los cultivos de coca UNODC reitera dos sugerencias comunicadas con anterioridad que respectivamente realzan la importancia de realizar estudios periódicos dirigidos a conocer el rendimiento de la producción de coca en las diversas regiones de cultivación, y de poder estimar el potencial de producción de cocaína en el país mediante un “estudio sobre la conversión coca-cocaína” (UNODC, 2016, p.84). Si bien estas sugerencias fueron presentadas con tino diplomático, no dejan de transmitir un cuestionamiento sobre la real eficacia de la política boliviana en materia de coca y drogas.
A juicio de UNODC el componente del ‘lavado de dinero’ – un rubro de actividades que se vincula con los escalones altos del negocio de drogas – sigue siendo inadecuadamente atendido en Bolivia, a pesar de estadísticas oficiales de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que cada año muestran la existencia de un número de casos investigados y casos procesados. También el notablemente escaso seguimiento en espacios informativos públicos a casos mayores deinvolucramiento (sospechado) con el lavado de ganancias del negocio de drogas, invita a postular una permanente insuficiencia en la atención al tema.
Una sistematización del reportaje de prensa en el matutino Los Tiempos en el período 2006-2015 refleja en particular a partir de 2011 una tendencia a omitir información que permitiría a la sociedad realizar un monitoreo de la evolución del negocio de drogas y hacer una valoración propia de la pertinencia y eficacia de la política boliviana sobre coca y drogas. Se llegan por ejemplo a conocer acusaciones de involucramiento de altos funcionarios con el negocio de drogas (exponentes mayores son los generales de Policía (r) René Sanabria Oropeza detenido en febrero de 2011, y Óscar Nina Fernández detenido en marzo de 2015), pero no el detalle de sus actividades, funciones y aliados en Bolivia y el exterior y la relación entre sucesos que permitirían dimensionar los sucesivos casos y comprender la eventual relevancia de la política estatal.
En ausencia de tal información el negocio y la política de drogas constituyen un campo de conocimiento y acción nebuloso, lo que no quita la posibilidad de estudiarlo con el fin de identificar datos y hechos llamativos. Así, el reporte oficial de la incautación de drogas revela un notable contraste entre las múltiples cisternas con pasta base de cocaína que fueron detenidas a lo largo del 2009 sobre la ruta del Valle Alto cochabambino a Santa Cruz, y las de Creta SRL y empresas asociadas que hasta al menos mayo de 2015 transportaban clorhidrato de cocaína desde Santa Cruz al norte argentino. A ello se suman dos mega-incautaciones mayores en enero y julio de 2016, de cerca de 8 y 7,5 toneladas de clorhidrato de cocaína respectivamente, que se encontraban en posesión de las sucesivas empresas transportadoras.
Autoridades bolivianas invariablemente presentan estos hallazgos como muestras de un supuesto éxito de la política de drogas, pero el sentido común llama a indagar sobre el conjunto de motivos y características del vertiginoso aumento de la incautación anual de cocaína purificada, que subió de 1,58 toneladas en 2013 a 4,08 toneladas en 2014 y 8,6 toneladas en 2015. En años recientes autoridades nacionales y organismos internacionales identificaban como problema mayor al tránsito de clorhidrato peruano en camino a Brasil, pero al parecer, esa dinámica ha quedado parcialmente desplazada o, como mínimo, se ha complejizado (por ejemplo, mediante procesos de re-cristalización que añaden valor a la mercancía).
Junto a la progresiva desatención del reporte sobre estas dinámicas de los escalones mayores del negocio de drogas, las noticias revelan un creciente enfoque represivo de la política de drogas en consumidores y pequeños distribuidores y transportistas. “Pandillas cruceñas toman el control del microtráfico” reza el título de un reciente artículo de prensa (Urgentebo, 7/9/2016) que se va repitiendo con pequeñas variaciones desde principios de 2014. También los datos de la detención por delitos de drogas evidencian esa tendencia a una persecución selectiva de los sectores más vulnerables del circuito, que en particular involucra a consumidores de marihuana (varones jóvenes) y transportadores de cantidades menores de cocaína (con una significativa participación de mujeres madres; ver el artículo de Rose Marie Achá en este boletín).
En especial la focalización en la relación de drogas y pandillas y la sobreexposición de acciones pandilleras delictivas y/o violentas que la acompaña, ayudan a encubrir y relativizar la incidencia de actividades ilícitas en ámbitos de la institucionalidad estatal, que no puede evitar un cierto grado de
exposición de la permanente vinculación de funcionarios con el negocio de drogas. En la sexta Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana realizada en abril de 2016 el gobierno boliviano propuso adoptar normativas que permitirían una generalizada persecución policial y penal de la actividad pandillera; a tiempo de justificar el nuevo impulso al protagonismo central de la Policía boliviana en atención complejas problemas sociales de violencia e inseguridad, y el impresionante reforzamiento tecnológico para tareas institucionales de control y vigilancia. No está demás decir que estas
tendencias también resultan en un disminuido acceso ciudadano a información veraz y pertinente y una pérdida de espacios y capacidades para ejercer una veeduría sobre la agencia estatal.
Respecto a las recomendaciones de ONUDC sobre los datos de la producción de coca y cocaína en el país cabe hacer dos comentarios. En primer lugar la declarada ‘nacionalización’ de la política de drogas no ha dado lugar a un cambio del enfoque en la reducción de cultivos de coca como eje prioritario de acción. En ese marco las extensiones de cultivos producidas y erradicadas siguen siendo consideradas indicadores válidos para una evaluación de resultados. Si bien la posibilidad de generar una certera conversión de hectáreas en toneladas de hoja de coca (recomendación 2 de UNODC) puede acercar una mejor comprensión de las dinámicas de la cultivación – permitiendo conocer, por ejemplo, en qué medida la reducción del área de cultivación individual a un ‘cato’ de coca influye en el rendimiento debido a una intensificación de los modos de producción–, no contribuye a solucionar el dilema del ‘efecto globo’ de la erradicación de plantaciones que implica un permanente traslado de áreas de cultivación. De otra parte, el cálculo de la conversión de coca en cocaína (recomendación 3 de ONUDC) arrojaría información más certera sobre el potencial de la producción de droga en Bolivia, pero es probable que ello llegaría a complicar la ya delicada posición del gobierno boliviano que se debate entre el cumplimiento con acuerdos internacionales y una permanente negociación con sectores sociales involucrados que integran su base política.
También vale un cuestionamiento sobre el real significado de datos más precisos del tamaño de la producción en un contexto donde la acción estatal no suele estar fundamentada en diagnósticos integrales con una mirada crítica sobre las diversas realidades, dinámicas e impactos del negocio y de las mismas políticas en materia de coca y drogas.
Fuentes:
o El Deber (30/10/2015) El representante de la Onudc cree necesario una
reforma en el sistema judicial. Los casos por lavado aumentan en el
país. En https://ciddh.com/2015/10/31/bolivia-la-onu-cuestiona-falta-desentencias-
por-lavado-de-dinero/.
o UNODC (2016) Estado Plurinacional de Bolivia. Monitoreo de Cultivos
de Coca 2015. La Paz.
o Urgentebo (07/09/2016) Pandillas cruceñas toman el control del
microtráfico. En
http://www.derechos.org/nizkor/bolivia/doc/narcos245.html
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