MUJERES Y DELITOS DE DROGAS

Rose Marie Achá

El porcentaje de mujeres encarceladas por delitos de drogas, tipificados en la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008), ha tenido un leve descenso en la última década. De 56% de mujeres que se encontraba en las cárceles el año 2010, a un 48% a fines del año 2012.

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En 2012 se observó también que la incidencia de los delitos de drogas, era más alta en mujeres que en varones. Del total de 13.654 personas encarceladas en octubre de 2012, 11.930 eran varones (87%) y 1.724 eran mujeres (13%). Entre los varones los delitos con mayor porcentaje eran: robo (25%), delitos de drogas (24%) y violación (19%); mientras que entre las mujeres los delitos predominantes eran: delitos de drogas (48%) y robo (15%). (CIDH; 2013)1 Es decir que casi la mitad del 13% de mujeres estaba en la cárcel por delitos de drogas.

“Estas mujeres comparten un perfil sociodemográfico similar: son jóvenes, pobres, madres solteras y jefas de hogar, con baja escolaridad, responsables del cuidado de sus hijos y de otros miembros de su familia y, frecuentemente, pertenecen a minorías étnicas” (Boiteaux, 2016)2. Estas características, observadas por el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) para a nivel de América Latina, corresponden también a las mujeres encarceladas en Bolivia.

Un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo sobre la situación de las mujeres encarceladas mostró, con datos de 2010, que “el delito por el cual existe mayor número de mujeres privadas de libertad, tanto en detención preventiva como con condenas, es el de narcotráfico, mediante tráfico y transporte, entre otros” (Defensoría del Pueblo; 2012)3. De acuerdo con el estudio, 56% de las mujeres privadas de libertad (548 de un total de 968 en ese año) enfrentaba cargos bajo la Ley 1008; y un 76% del total se encontraba en detención preventiva. El estudio también enfatiza que las mujeres “están vinculadas más bien con el microtráfico de drogas porque han sido acusadas por transporte de gramos de droga. Igualmente impactante es la situación de las mujeres transportistas, llamadas «mulas», que llevan drogas de un país a otro utilizando para ello distintas estrategias, incluida el transporte en sus estómagos, arriesgando su salud y hasta su vida” (Defensoría del Pueblo; 2012)4.

En 2013, la Representación de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz emitió un informe sobre la situación en el pabellón de mujeres de la cárcel de Palmasola, revelando que de 552 mujeres privadas de libertad 317 de ellas estaban detenidas por delitos de drogas, y que muchas de ellas fueron usadas como “mulas del narcotráfico”. También evidenció la relación entre los delitos de la Ley 1008 y el índice de detención preventiva, al mostrar que sólo 88 (15,94%) de las 552 mujeres en Palmasola (encarceladas por delitos de drogas en su mayoría) tenían sentencia, mientras que 464 (84,06%) estaban detenidas preventivamente.5

Se advierte entonces que las mujeres constituyen uno de los sectores vulnerables en el enfoque represivo de la política de drogas, puesto que en su generalidad han tenido un rol subalterno, e incluso descartable, en la estructura del narcotráfico. Hay que notar que su situación también impactan sobre sus familias y específicamente sus hijos. Años atrás las mujeres recluidas en las cárceles bolivianas vivían con sus hijos e hijas de diferentes edades en las cárceles, actualmente esta situación no es permitida. Las mujeres encarceladas sólo pueden estar con sus hijos menores de seis años, y cuando estos pasan esa edad ellas deben encontrar las formas posibles de dejar a los niños con familiares u otras personas cercanas.

El hecho de que la mayoría de las mujeres, en los años sobre los cuales se tiene información, estaba en las cárceles por delitos menores de drogas tales como el delito de transporte evidencia también el interés de la actual política de llevar adelante una lucha contra el microtráfico (comercialización en pequeñas cantidades o a nivel local), en cuyo marco suelen ser encarceladas las personas que ocupan un menor nivel en la estructura del tráfico, tal como se ha denunciado en otras ocasiones.

Estas últimas son las estadísticas últimas de las mujeres recluidas en las cárceles. No se conoce cuántas de ellas, encarceladas hasta finales de 2015, han sido procesadas por los delitos vinculados al tráfico de drogas, sin embargo, considerando que la situación de la denominada “lucha antidrogas” en Bolivia no ha cambiado se puede presumir que el porcentaje de mujeres con cargos bajo la Ley 1008 no ha disminuido considerablemente.

Se puede señalar que las mujeres en situación de pobreza y exclusión conforman otros de los grupos vulnerables que son golpeados por las políticas de drogas, las penas altas de la ley 1008 con sus tipos penales abiertos, sin otra opción para ellas o para sus hijos.

Ellas son también una muestra de los efectos de la cuestionada “guerra contra el microtráfico” vigente en la actualidad en el país. Si bien se ha nacionalizado la política de drogas, el enfoque represivo y punitivo persiste.