Por: Rose Marie Achá (COLI- Acción Andina)
Mayo de 2017
En los últimos diez años, 38.937 personas fueron aprehendidas por supuestos delitos de narcotráfico en Bolivia.
Las cifras de la privación de libertad, sea a través de las aprehensiones policiales o a través del encarcelamiento, es una de las formas de medición de la política de lucha contra el narcotráfico en Bolivia.
Estas cifras, si bien son difundidas como evidencia de que la lucha contra el narcotráfico tiene resultados positivos al mostrar cada vez números más abultados, también pueden ser interpretadas como una evidencia de que el narcotráfico se está expandiendo en el país; que se está potenciando.
Sin embargo, estos datos no toman en cuenta la actual violación de los derechos humanos de otros sectores más amplios de la población, donde también hay víctimas de la represión del Estado, como por ejemplo
. los consumidores de drogas, sea ocasionales o habituales, que son criminalizados y enfrentan permanentemente detenciones arbitrarias, vejaciones y torturas en celdas policiales;
. las personas de los sectores más pobres que son reclutadas por el narcotráfico como carne de cañón y terminan encerradas en las cárceles sin opción a defensa;
. los vulnerables que son víctimas del armado de causas para que se engrosen las cifras que las instituciones de control penal exhiben como éxitos;
. las madres solteras sin recursos que transportan cantidades menores para poder mantener a sus hijos;
. los adolescentes víctimas de la “prevención represiva” que lleva adelante el gobierno boliviano tratando los problemas del consumo de drogas (o la sospecha de consumo) en personas menores de edad a través de la Policía;
. y los otros varios grupos sociales que sufren los efectos del enfoque punitivo del prohibicionismo.
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