ESTE ES EL PRIMERO DE UNA SERIE DE ARTICULOS SOBRE LA
"PROHIBICION" DE DROGAS EN BOLIVIA
Autor: Theo Roncken, Acción Andina –
Bolivia / COLI (junio de 2018)
Casi al cierre de 1961 salieron los primeros
decretos sobre coca y drogas marcaron el ingreso de Bolivia al régimen
prohibicionista. Este se había fortificado meses antes, con la Convención
Única sobre Estupefacientes en Nueva York.
Según sus lineamientos, la política
boliviana acogió como ejes fundamentales a la sustitución de cultivos de coca, y un trato penal especial para otros "problemas" en el lado de la oferta, que es donde la diplomacia mundial ubicaba al
país[1].
Se ha dicho que el ascenso de Evo Morales a la
presidencia en 2006, se dio por efecto contradictorio
de la prohibición, puesto que su liderazgo surgió en una
zona cocalera especialmente afectada por la Guerra a las Drogas. El dirigente sindical planteó nacionalizar la
política de drogas, aludiendo un cambio de paradigma en torno a la
revalorización de la hoja de coca.
Sin embargo, tras más de
12 años de gestión, las prácticas institucionales en Bolivia evidencian que los
lineamientos de la prohibición siguen firmemente instalados. Para el ámbito
nacional, la Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y
Control de Cultivos Excedentarios de Coca 2016-2020 estipula los mismos pilares que los
instaurados en 1961: Reducción
de la Oferta, Reducción de la Demanda y Control de Cultivos Excedentarios de
Coca. Además, plantea priorizar el tema en el marco de la Seguridad del Estado.
Así, el Estado
Plurinacional de Bolivia continúa forjando una política de drogas funcional a la
concentración de poderes y la acumulación de recursos. Vale decir: también en
su modalidad nacionalizada y sin
coordinar con la Drug Enforcement
Administration (DEA), el gobierno boliviano ayuda a crear condiciones
adecuadas para una permanente regeneración del status quo hegemónico del proceso de globalización.
Algunas manifestaciones
directas de esta realidad son: la persecución selectiva de personas
involucradas en niveles inferiores del narcotráfico (“Reducción de la Oferta”);
la reforzada criminalización de consumidores (“Reducción de la Demanda”); el generalizado
y vertiginoso aumento del uso de agroquímicos en la producción de coca, y un
enfoque de la erradicación sin precedentes en zonas de cultivación tradicional
(“Control de Cultivos Excedentarios”).
¿Qué motiva este
deliberado no-rompimiento con el régimen prohibicionista en la presidencia de
Evo Morales? La pregunta no tiene una respuesta única o sencilla, pero sin
duda, es esencial para retomar el estancado debate nacional. En esa perspectiva,
vale comenzar con una indagación sobre la manera de comprender la relación
entre el Estado y el narcotráfico.
La prohibición ubica a los
dos en espacios distanciados, bajo el supuesto de que el último constituiría el
peligro o problema que el otro debería evitar o solucionar. Se propone
visualizar una línea entre el lado productor (oferta) y consumidor (demanda)
que requeriría respuestas enfáticas desde un inmaculado pero asediado Estado de derecho o, de ser necesario, con
apoyo de recursos adicionales aunque atenten contra los derechos humanos.
La experiencia mundial
con la aplicación de políticas de prohibición muestra otra realidad, y más bien
lleva a describir la relación: “no como una línea horizontal entre productores
y consumidores sino, como un triángulo” con gobiernos y agencias estatales en
la cúspide[1].
Dicha vinculación triangular, y la posición clave que ocupa el Estado en él, se
muestran por ejemplo en la historia temprana del negocio de la cocaína boliviana.
Este surgió por efecto de la instalación del
prohibicionismo en Perú donde, hacia finales de los cuarenta, el régimen militar
de José Manuel Odría comenzó a perseguir la producción nacional de cocaína para
el mercado legal europeo y el estadounidense (concentrado en Nueva York), que
estaba criminalizado desde 1914.
La producción peruana encontró refugio en Bolivia y condiciones adecuadas para
continuar el emprendimiento. De ese modo, la declaración de ilegalidad por
parte del Estado estadounidense primero y el peruano después, dio lugar a un
nuevo protagonismo en territorio boliviano. En ello la protección institucional
jugó un rol clave, en un inicio personificada en la figura de Luís Gayan Contador, un chileno naturalizado con altos cargos en la
Policía del nacionalismo revolucionario de los años cincuenta.
Esa complicidad estatal, en Bolivia y otros países,
determinó los rasgos del nuevo dominio temporal sobre la producción y el
suministro de cocaína boliviana. Se establecieron centros operativos mayores en
Antofagasta/Cochabamba (la familia Huasaff Harb) y La Paz (Blanca Ibañez de
Sánchez), y rutas principales a Nueva York vía Cuba, que permanecieron intactos
hasta la revolución castrista de 1959[2].
[1] Peter Dale Scott y
Jonathan Marshall 1991 Cocaine Politics.
Drugs, Armies, and the CIA in Central America. Berkeley: University of
California Press, página xv.
[2] Paul Gootenberg
“The ‘Pre-Colombian’ Era of Drug Trafficking in the Americas: Cocaine,
1945-1965” en The Americas, 64: 21, September 2007.
Lea en Parte II: Donde manda el Estado sobre los liderazgos en el negocio de las drogas.
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